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Por: Vladimir Andocilla*

Fotografía: Archivo

Breve análisis sobre el Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana (parte I)

 

 

El pasado 31 de marzo del 2017 la asambleísta (reelecta) Johanna Cedeño Zambrano presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social (COSPCCS), mismo que fue trabajado en coordinación entre el Consejo de Participación Ciudadana y la comisión especializada de la Asamblea de Participación Ciudadana y Control Social. Este cuerpo tiene el objetivo de normar los procesos de participación ciudadana y control social luego de ocho años de aprobada la Ley Orgánica del Consejo de  Participación Ciudadana y Control Social y siete de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

 

Un elemento que llama la atención antes de entrar con la lectura y análisis del proyecto es el siguiente: No se establece en su exposición de motivos ni en sus considerandos el diagnóstico sobre el ejercicio de este derecho tanto a nivel nacional como local; el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y los nudos críticos y temas que deben ser normados o resueltos con este Código. Esta deficiencia es grave pues demuestra la informalidad con que ha sido tomado el tema y explica la copia casi textual del articulado de los decretos 016 y 739 en el título III del mencionado proyecto.

 

Según nuestro modelo constitucional son las leyes orgánicas las que deben regular los derechos establecidos en la Carta Magna, pero nunca limitarlos o restringirlos. El proyecto de Código tiene una fijación casi obsesiva con la licitud de las organizaciones sociales, desconociendo que pueden haber organizaciones conformadas lícitamente pero cuyo accionar puede terminar siendo ilícito o ilegítimo como ha ocurrido con algunos bancos o financieras anteriormente; por otra parte puede haber organizaciones de hecho, que no se registran, pero que su fin es el de ayudar al desarrollo social. Este calificativo de licitud tiende a desconocer la realidad social del país, pues estaría calificando de ilícita a la organización de hecho, que no requiere ni le interesa ser reconocida pero que en los hechos existe en los barrios y comunas.

 

 

 

Por otra parte, la definición de principios (artículo 4) que regirán el derecho de participación es muy restringido, reconoce únicamente la igualdad formal; ni siquiera toma en cuenta la libertad; las definiciones de interculturalidad y plurinacionalidad parte de visiones antropológicas y no políticas; desconoce la progresividad de derechos. Esta limitación intenta ser subsanada por el famoso “sin perjuicio” de lo establecido en otras normas de nivel jerárquico superior.

 

El capítulo titulado “de la iniciativa popular normativa” establece mecanismos que restringe la capacidad de las organizaciones y los ciudadanos de presentar propuestas legislativas y de exigir su aprobación por ejemplo: “Para resolver sobre la admisibilidad se conformará una comisión e calificación, integrada por dos representantes de las fuerzas políticas más votadas y un representante de las minorías”. De esta forma se crea un grupo ad-hoc, fuera de la estructura legislativa (nacional o local) para revisar los requisitos; creando otro filtro a los ya establecidos como: número mínimo de firmas de apoyo, reglamento de recolección de firmas para cada jurisdicción, autentificación de las firmas por parte del CNE,  presentación por escrito y según las normas definidas en el proyecto de ley comentado, etc.

 

Sobre la consulta popular para la convocatoria de la Asamblea Constituyente el proyecto adiciona al doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral como requisito para la solicitud de la consulta, el que este sea de personas inscritas en el registro “nacional y del exterior”, lo que en los hechos exige que entre los firmantes estén representados ciudadanos ecuatorianos que se domicilien en otros países.

 

En el caso de la normativa referente a la revocatoria del mandato, el proyecto termina desincentivando este derecho consagrado en la Constitución, misma que únicamente habla que “la solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por ciento de personas inscritas en el registro correspondiente”, pues el COSPCCS establecería una distribución del número de inscritos en el padrón para el respaldo de la solicitud que va del 25% al 10% de la población de la circunscripción respectiva, sin contar con el trámite engorroso y burocrático que establece en el artículo 39.

 

Respecto a las organizaciones sociales, anteriormente indicamos que este título es una copia casi textual de los decretos 016 y 739. Entre los cuestionamientos que se pueden señalar está:

 

• Exceptúa de la conformación de todo tipo de corporación o fundación a los adolescentes, niños y niñas, pues ellos “no tienen capacidad civil para contratar”, misma que sería un requisito fundamental para su conformación.

• Desean establecer una serie de requisitos, que aparentan ser lógicos y legítimos, que en la realidad traerá una serie de dificultades a las organizaciones populares y en especial aquellas que tienen representación provincial, regional o nacional pues al Acta de la Asamblea General Constitutiva se deberá adherir la voluntad de los miembros fundadores de la misma ( por suerte no dice notariada), así como la copia legible y certificada de los documentos que acrediten el patrimonio de la organización.

• Según el artículo 53.2 del proyecto el servidor público responsable del otorgamiento de la personalidad jurídica deberá ver “que el estatuto no se contraponga con el orden público”, concepto por demás amplio y que se presta a la arbitrariedad pues, para algunos autores en este concepto debe primar la idea del estado; para otros tiene que ver con la tutela a los derechos; y como en el caso de la doctrina alemana se lo define como conjunto de reglas no escritas según las concepciones sociales y éticas dominantes. No hay una definición clara que permita restringir la discrecionalidad del funcionario, pues “el orden público” puede ser definido por él según sus identidades políticas, filosóficas, religiosas; lo que acarrearía que el servidor puede emitir informe de no cumplimiento de requisito sobre la base de prejuicios o interpretaciones subjetivas.

• No menos vagas son las causales de disolución establecidas en el artículo 60 del mencionado proyecto, por falta de espacio me referiré al numeral 6 que se refiere a la disolución por: “Dedicarse a actividades de política partidista, que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten a la paz pública”. En esta causal se evidencia claramente el desconocimiento de la dinámica social del país, pues se intenta juzgar del mismo modo a una fundación como a un gremio de profesionales, comité barrial o asociación estudiantil. En un país lleno de inequidades es muy común la protesta y la exigencia de obras  encabeza por organizaciones sociales que podrían ser confundidas como afectaciones a la “paz pública”, por esta razón incluso varios Tribunales de Justicia, como el de México, han señalado la inconstitucionalidad de los delitos de ataque a la paz pública pues “es un concepto que presenta una fuerte carga emotiva e ideológica. En este sentido pretender identificar cada uno de los componentes que respondan al ideal de dicha noción resulta una tarea por demás difícil”; causando de esta manera una grave afectación a los derechos de expresión de los sectores populares, ya que se verían amenazados con la disolución de sus organizaciones.

 

Los cuestionamientos a esta norma no quedan ahí, pero serán motivos de otro artículo, pues hay una serie de normas que restringen la capacidad de control social de la ciudadanía y del mismo Consejo de Participación Social y Control Social.

 

*DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE ABOGADOS

MIEMBRO DEL COLECTIVO DDHH “Quintiñan”

 

 

 

 

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