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Por: Nelson Erazo

Fotografía: Vladimir Cruz

Alternativas para el cambio social

 

La crisis que atravesamos, es descargada en los trabajadores.- Para nadie es desconocido que en el Ecuador, al igual que en el mundo entero, se profundiza la crisis económica que vive el sistema capitalista como consecuencia de la concentración de la riqueza en pocas manos, la disputa inter imperialista por mantener el control de los recursos naturales de los países dependientes y atrasados, provoca incluso a nivel internacional éxodo de miles de gentes, que huyen de las guerras, en busca de oportunidades en otras partes del mundo.

 

En nuestro el caso, el llamado milagro ecuatoriano, o el cuento, de que éramos el jaguar Latinoamericano, queda desenmascarado, al punto que el mismo presidente Correa se ve obligado a establecer en sus pronunciamientos que en economía no existen milagros, lo que le obliga a tomar medidas en busca de “resolver la crisis” y el déficit fiscal; se plantea un recorte presupuestario de cerca de 10 mil millones de dólares, disminución del gasto corriente, mayor endeudamiento con los chinos, pero a la vez, retomar las relaciones con el FMI, el BM, más impuestos al pueblo, recorte presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y despidos de trabajadores, lo que evidencia que el correísmo cada vez se asemeja más a los gobiernos del pasado y de la larga noche neoliberal.

 

Otra alternativa que el Gobierno maneja para resolver la crisis causada por la mala administración económica y por la baja del petróleo, es la inversión privada en nuestro país, para lo cual envió a la Asamblea Nacional el Proyecto Económico Urgente de Alianza Público - Privada, pretende liberar del pago de impuestos a las empresas privadas que inviertan en el país, pero principalmente son los primeros pasos hacia la privatización de las principales áreas de la economía. Tomemos en cuenta que los empresarios manifestaron su complacencia por esta iniciativa, a más de la predisposición a invertir en telefonía, minería, petróleo, seguridad social y electricidad.

 

A esto se suma que el Gobierno en el afán de avanzar con el endeudamiento agresivo a nivel internacional, se inventó la fórmula de cálculo de deuda agregada y deuda consolidada, porque bordea los límites permitidos por la Constitución de la República, del 40 % del PIB.  Por tal razón la deuda con el IESS y otros organismos del Estado serían el 21.34 %, este dato fue entregado por la Subsecretaria de Financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas.

 

Estos aspectos económicos evidentemente tienen una repercusión en el escenario político, y si sumamos el autoritarismo y la prepotencia del régimen correísta en contra de los sectores sociales y populares, queda claro que los trabajadores, indígenas, jóvenes, maestros, comerciantes, jubilados, mujeres y hombres, tienen más de mil razones para seguir movilizados y consolidando la unidad popular, ella será la garantía para que la crisis no sea descargada en las espaldas de los sectores sociales, mientras, como alternativa, se construya un proyecto de cambio desde la izquierda y el movimiento organizado que está liderando la resistencia en las calles, frente a la derecha del Gobierno, así como a la vieja derecha que no puede unificarse.

 

 

Fracaso del dialogo social.- Ante la convocatoria y la realización de la movilización, el levantamiento y el paro, el Gobierno hace esfuerzos por recuperar sus niveles de credibilidad, para ello utiliza toda su infraestructura, desde los distintos ministerios, alcaldías, gobernaciones, prefecturas y la mismísima Asamblea Legislativa, sin embargo no ha tenido los resultados esperados, el llamado al diálogo social fue un fracaso, de acuerdo con sus mismos datos se desarrolló con cerca de 1900 organizaciones y de 10000 participantes, diálogos a los que no asistieron las principales organizaciones sociales del país como el FUT, CONAIE, Frente Popular, UNE, Feunassc, FESE, FEUE, Federación Médica, jubilados; incluso tuvo el rechazo de algunos sectores cercanos que frente a la presión de su base social se vieron obligados a plantear el descontento y desacuerdo con la propuesta de eliminar la organización sindical y la contratación colectiva en el sector público; la posibilidad de limitar las consultas populares sobre asuntos que el Estado no los crea de interés nacional; poner límites a la acción de fiscalización de la Contraloría; al cambio de rol de las Fuerzas Armadas con el afán de controlar la movilización social; frente a la pretensión de la reelección indefinida, pues incluso un sector de los simpatizantes de Alianza País, o de sus propios aliados están de acuerdo con que se lleve a cabo una Consulta Popular sobre las “enmiendas  constitucionales”.

 

La plataforma unitaria, contribuye al desgaste del correísmo.- Otro aspecto que afecta la imagen del gobierno del Presidente Correa, es la falta de respuestas a la plataforma unitaria de distintos sectores que conforman el Colectivo Unitario de Dirección Nacional, que tiene como objetivo central el respeto de los derechos colectivos e individuales que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, como son: Respeto a la estabilidad laboral, eliminación de la precarización laboral, libre organización y contratación colectiva, salarios justos como establece la Vigésima Quinta Transitoria de la Constitución, derogatoria de los Decretos Ejecutivos 1701 y 225 que restringen los derechos de los trabajadores y el 813 que posibilita el despido de más de 50 mil trabajadores del sector público, derogatoria del Decreto 016 que impide la libre organización y busca controlar a los sectores sociales; elaboración de Ley de Tierras y Aguas que garanticen este derecho para todos los ecuatorianos y particularmente a los campesinos e indígenas, pero que establezca el acceso de préstamos para la inversión  y el agua para riego; la educación intercultural y bilingüe, defensa del Seguro Social Campesino, libre Ingreso a las universidades, para más de 600 mil estudiantes; reforma a la Ley de Educación Superior y del Bachillerato General Unificado; devolución de los Fondos de Cesantía del Magisterio y de los trabajadores públicos; restitución del 40 % del pago del Estado al IESS para las pensiones jubilares, Ley de Seguridad Social bajo el principio de solidaridad, autonomía y que sea administrada por sus verdaderos dueños, los afiliados, jubilados y pensionistas; despenalización de la lucha social para lo cual se establece reformas al COIP; respeto a los derechos reproductivos de las mujeres, jubilación a los 25 años de trabajo sin limité de edad; no eliminación del subsidio al gas, no imposición de las cocinas de inducción, rechazo a las pretensiones de incrementar el precio de la gasolina y del gas, control del alto costo de vida y respeto al trabajo de los trabajadores autónomos.

 

Este desgaste que sufre el Gobierno como consecuencia de la incapacidad, de dar respuestas a los problemas planteados por la sociedad, provoca una disminución en la autoridad y credibilidad del régimen. De acuerdo con algunos datos, la credibilidad de Correa se encuentra en el 65 %; el 49 % de los consultados rechaza la forma de ser del presidente y nunca votaría por él. Tan solo el 25 % votaría por su reelección, el 82 % exige Consulta Popular sobre las enmiendas, el 75 % rechaza la reelección indefinida, el 52 % está de acuerdo con las movilizaciones, las cifras son una muestra de que la plataforma unitaria de los trabajadores y los pueblos cuenta con la aprobación de los ecuatorianos.

 

 

También el desgaste de Correa obedece a que sus políticas lejos de resolver los problemas de la clase obrera, permitieron que en estos años de la llamada “revolución ciudadana” se alarguen las diferencias entre ricos y pobres, pues mientras a los trabajadores y sectores sociales los ha despojado de sus derechos, otros, como en el caso de la banca y los empresarios han vivido su agosto, por lo que aparecieron nuevos grupos de poder, elevándose estos a los 118 grupos económicos que amasan grandes fortunas que llegan cerca de 203 mil millones de dólares, lo que representa el 47 % del PIB; de  estos, los 16 principales grupos acumularon 89 mil millones de dólares, cantidad superior a los ingresos petroleros del periodo que gobierna el presidente Rafael Correa y su movimiento AP. En ese mismo lapso de tiempo, los trabajadores no cubren con su salario de $ 354 ni el 60 % del costo de la canasta básica familiar que tiene un costo de 680 dólares.

 

Desde la Asamblea se aprueban leyes que perdonan el pago de impuestos al Estado por parte de los empresarios, como fue con la Ley de remisión de deudas, con la que se beneficiaron Banco de Guayaquil, Pichincha, Produbanco, Diners Club, Conecel, Otecel, Pronaca, Andes Petroleum, Schlumberger, entre otros, cerca de 414 millones, o como lo que sucederá con la Ley de Alianza Público Privada que perdona el pago de impuestos por 10 años, a quien invierta en los proyectos del Estado. Los sectores sociales medios y populares inversamente son sancionados e incluso clausurados sus negocios sino pagan los impuestos a tiempo. Estos ejemplos demuestran de manera fehaciente que el correísmo no representa los intereses de la clase obrera y de los más humildes como señala la propaganda oficialista, por el contrario Correa gobierna para los de siempre, los más poderosos, los grupos de poder.

 

La lucha social y la movilización va en aumento.- Las medidas de corte neoliberal planteadas por el oficialismo para solucionar la crisis, más la reducción de los derechos sociales; la prepotencia, el autoritarismo y la penalización de la lucha social, son motivos para que los trabajadores, los indígenas, la juventud, los jubilados, las mujeres, los profesionales, los artistas populares, los moradores de los barrios, los intelectuales de izquierda y las personalidades democráticas, retomen la lucha en las calles como el escenario adecuado para desfogar toda la indignación y el descontento de las masas, producto de 9 años de la gestión presidencial; en la coyuntura el auge de la lucha social y de la movilización de los sectores afectados se alza, pues luego de las movilizaciones que se realizaron desde julio del 2014 hasta mediados del 2015 que contó con la presencia de cerca de 2 millones de participantes en todo el país, el pico más elevado en la jornada de lucha se produjo en agosto. La combinación de la marcha, el levantamiento indígena y paro del pueblo resultaron un éxito para el CUDN propinando una nueva derrota al Gobierno, quien incluso en la actualidad ya no logra con facilidad dividir a los distintos actores sociales.

 

 

El auge de la lucha social se debe en buena parte al desarrollo de la lucha social, a su salto cualitativo y cuantitativo, pues pasó de ser una lucha reivindicativa de los trabajadores e indígenas, a ser una lucha de todos los sectores sociales, posicionándose como una lucha política contra el régimen correísta. Es una lucha por defender los derechos y conquistas sociales, aspectos positivos de la Constitución de Montecristi, que incluso de acuerdo a declaraciones de Correa duraría 300 años, pero hoy le estorba y pretende realizar reformas inconstitucionales. La garantía de los derechos, a la resistencia, de la naturaleza, los derechos humanos, los derechos reproductivos, entre otros, y en particular los derechos democráticos van contra los reales intereses de la auto denominada “revolución ciudadana”, por lo cual, se pretende imponer las enmiendas constitucionales, principalmente la reelección indefinida, como el principal mecanismo para mantenerse en el poder.

 

La actual situación política se caracteriza porque el movimiento obrero, indígena y el movimiento social en general, principalizan en esta etapa de la lucha política, echar abajo las enmiendas constitucionales que buscan ampliar el tiempo en el poder de AP-35 (expresión de la nueva derecha en el poder).

Es indudable que este accionar de los diferentes actores sociales recuperó su incidencia en la sociedad, fortaleciendo cada uno de los gremios y sectores que luchan y conforman el CUDN, que se convirtió en el instrumento unificador de la acción de los distintos actores y en particular consolida la idea que sí es posible derrotar al correísmo, en las calles y también es factible derrotarlo en su propia cancha, en las urnas.

 

Esas nuevas experiencias del movimiento social organizado, posibilitaron una vez más dar grandes pasos en los procesos unitarios buscando ampliar el espectro social en el marco de la unidad; para ello se empezó con la realización de la Asamblea Popular de los Pueblos, como instancia para elevar el debate de los sectores sociales sobre el rumbo que debe tomar la lucha de la clase obrera, del movimiento indígena y que debe necesariamente estar ligada al pueblo, además debe ser la instancia en la que se sientan representados otros sectores de la clase media que en esta etapa jugaron un papel importante en la confrontación contra el correísmo y que acudieron al llamado del CUDN de manera masiva, este sector es uno de los más afectados por quienes se dicen “representar a la mayoría”.

 

Las experiencias vividas en esta etapa de la lucha social, nos dejan tres aspectos fundamentales para destacar: Primero, la unidad de los trabajadores, indígenas, juventud y los sectores sociales, cualidad que ha fortalecido al FUT, CONAIE y Frente Popular, al igual que a otras organizaciones sociales, quienes le darán continuidad a la lucha con iniciativas propias. Segundo, la consolidación del Colectivo Unitario de Dirección Nacional donde confluyen la mayoría de organizaciones sociales y populares y al cual se van integrando nuevos sectores que buscan una representación. Tercero, esta lucha que enfrenta los intereses del pueblo con los intereses de los empresarios y la derecha de Correa, está liderada por la clase obrera y el movimiento indígena, tiene un sello de clase, mantiene una independencia de la patronal y de la derecha tradicional que no se encuentra dentro del gobierno, pues la lucha que hoy se levanta es una lucha por el poder, es parte de la lucha por el cambio y en la que están presentes diferentes actores que pelean por sus intereses, por un lado la vieja derecha del PSC, PSP, ID, CREO, etc. quienes buscan recuperar el poder político y económico, mientras la nueva derecha de Alianza País y Avanza buscan mantenerse en el poder y garantizar así sus privilegios y su crecimiento económico acelerado. Por otro lado, estamos los sectores sociales y la izquierda que luchamos por el cambio verdadero, que garantice verdaderamente el buen vivir, se acaben las inequidades y se respete los derechos de todos los ecuatorianos al trabajo, salud, educación, vivienda, etc.

 

El Colectivo Unitario de Dirección Nacional va por nuevos derroteros.- En el camino a condenar la aprobación de las enmiendas constitucionales, e impedir que la crisis económica por la que atravesamos (que se profundizará en el 2016), a la cual ven como única salida o por lo menos la principal, el Gobierno adopta medidas como: el despido de trabajadores, congelamiento de los salarios de la mayoría de trabajadores, recorte del gasto corriente, disminución de recursos para los GADs, la eliminación de subsidios del gas y gasolina, incremento de los pasajes en las principales ciudades, recorte de los recursos para las universidades, limitación de la inversión en el campo, reformas a la ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, incremento del gas y de la gasolina, como está anunciado por el mismo presidente; los trabajadores, indígenas, jubilados, campesinos, mujeres, profesionales, jóvenes, maestros, trabajadores autónomos, etc. preparan nuevas acciones para el último trimestre del año, para evitar las pretendidas aprobaciones en la Asamblea.

 

 

Estas intenciones de la mayoría parlamentaria en la Asamblea, bajo las órdenes del Ejecutivo, pretenden imponer decisiones por encima del interés del pueblo ecuatoriano, ya se preparan diferentes acciones en los próximos días.

 

Un aspecto importante fueron las resoluciones adoptadas por el CUDN en el mes de septiembre quienes después de haber balanceado la importancia de las acciones realizadas en agosto y septiembre, orientaron como prioridad el debate en todo el mes de octubre, debate que busca elevar el nivel de conciencia y compromiso de las masas. Se realizaron foros sobre la situación económica y los alcances de las enmiendas constitucionales, a la par en este tiempo se constituyeron los Colectivos Unitarios de Dirección Provinciales en todo el país y con la participación de todos los sectores y fuerzas sociales de cada provincia.

 

Estos CUDP discutieron fundamentalmente la realización de la movilización del 11 de noviembre, fecha en la cual se retoma las movilizaciones con fuerza y que será el preámbulo para la realización de la Séptima Convención Nacional que se realizará el 14 de noviembre del 2015 en Guayaquil, aquí se debatirá y resolverá la realización del nuevo levantamiento, el paro y una posible huelga general de ser el caso, mismos que se realizaran a fines de noviembre e inicios de diciembre.

 

Estas acciones importantes en la lucha contra este régimen de derecha mantendrán distancia, con los otros sectores que no tienen afinidad con la organización popular, pues deben mantener una independencia de clase, ratificando que en la unidad de los sectores sociales, no tienen cabida ni la vieja derecha, ni el oportunismo y peor las fuerzas reformistas que buscan infiltrarse en la acción del Colectivo Unitario; éste equipo de dirección tiene el reto de hacer de estas jornadas que se realizan en lo último del año, contundentes, más grandes que las realizadas en agosto. Deben y tienen que convertirse en un nuevo triunfo de la unidad popular y una nueva derrota a la derecha correísta; estas acciones deben desgastar más a las fuerzas reformistas y de derecha que hoy se encuentran encaramados en Carondelet.

 

Por último, estas acciones deben ser un paso más, en el fortalecimiento de la unidad de los sectores sociales y populares, quienes en conjunto con las organizaciones y partidos de izquierda deben trazar el camino para avanzar al nuevo escenario de lucha contra la patronal, los empresarios, los banqueros, la vieja y nueva derecha, como es la lucha electoral, que es parte de la lucha de clases entre la clase obrera y la burguesía, entre los trabajadores y los patronos, entre ricos y pobres, entre quienes quieren seguirnos sometiendo y los que queremos el verdadero cambio, por ello la alternativa para el cambio siempre será la unidad popular, la unidad de los de abajo, la unidad del pueblo.

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

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