revista rupturas Quito Ecuador opinion analisis

Por: Ricardo Naranjo2

Fotografía: Asfadec

¿A dónde van los desaparecidos?1

 

El 16 de mayo del 2013, David Romo, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador se comunicó por última vez con sus familiares, el joven de 22 años, tras culminar la jornada salió del centro de estudios en dirección a su casa ubicada en el sector de la Mitad del Mundo, conforme la versión de los allegados. Aproximadamente a las 22:15, David pidió a su madre, Alexandra Córdova, que lo espere en la parada del alimentador del metrobus que había tomado minutos antes en el Seminario Mayor, pero el joven nunca llegó. A partir de aquel día, la familia no ha cesado en la desesperada búsqueda, su la madre incluso renunció a su empleo para dedicarse a tiempo completo a esta labor, sin que hasta ahora se encuentren rastros de él.

 

 

El caso de David, al igual que otros como el de Karina del Pozo, Carolina Garzón y varios más, se convirtieron en los más sonados entre la opinión pública, sin embargo, están lejos de ser los únicos, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE), entre el 2011 y el 2013 se reportaron, aproximadamente, 17500 casos de desapariciones sin que exista un registro certero de los procesos resueltos .  Además, desde que se creó en diciembre del 2013 la Dirección Nacional de Delitos contra la vida, Muerte Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), esta dependencia informó que entre enero y diciembre del 2014 se reportaron 4592 casos de desapariciones forzadas, de los cuales 4184 (91 %) fueron resueltos y 408 (9 %) continúan en investigación. Por otra parte se reporta, en el primer semestre del 2015 se presentaron 2451 denuncias, de las cuales 2181 (89 %) han sido resueltos, el 10 % de los casos se relaciona con adultos mayores y personas menores de edad .  El 20 de agosto de este año, en el marco del segundo aniversario de fundación de la Dinased, el Crnel. Carlos Alulema, Director de esta unidad especializada, anunció que el 95 % de los casos de personas desaparecidas, en lo que va del año, fueron resueltos.

 

 

A pesar de los datos oficiales, el drama persiste entre cientos de familiares de desaparecidos, quienes no han interrumpido la búsqueda de sus seres queridos, varios de ellos organizaron la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), agrupación sin fines de lucro que desarrolla acciones de promoción, prevención, sensibilización y exigibilidad para la búsqueda de la verdad, justicia y reparación integral en ámbitos relativos a desaparición de personas e impunidad . La Asfadec, junto con otros colectivos como la Asociación Nacional de Desaparecidos Asesinados en el Ecuador (Anadea) y la organización Desendor, emprenden un sinnúmero de acciones encaminadas a la visualización del drama de las desapariciones en el Ecuador, así como la búsqueda de la verdad en la gran mayoría de los casos que continúan sin esclarecerse.

 

Desapariciones  en el Ecuador, una verdad oculta durante años

Durante décadas, la presencia de casos por desapariciones en el país fue sistemáticamente ocultada por motivaciones políticas o por simple negligencia en el sistema policial y judicial. De allí que no se cuente con un registro oficial que dé cuenta de la situación de este fenómeno en nuestro territorio. Sin embargo de ello, existen casos emblemáticos como el de la profesora Consuelo Benavides, los hermanos Restrepo, fruto de la presión de familiares y la opinión pública, fueron declarados casos de desaparición forzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar que las instancias judiciales nacionales fueron incapaces de resolverlos.

 

En el enlace sabatino Nro. 352 del 14 de diciembre del 2013, el Presidente de la República se refirió a esta problemática, expresó el compromiso gubernamental para impedir nuevos casos de corrupción de fiscales y policías, impulsar medidas para que la desaparición forzada sea tipificada como delito penal; hacer de la investigación de los casos existentes política de Estado . Efectivamente, el gobierno ecuatoriano, por intermedio de la Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, promovieron una serie de medidas tendientes a la visualización y resolución de varios casos de desapariciones involuntarias, entre las que se cuentan: La formación de una “Unidad Especializada en casos de personas víctimas de desaparición forzada”, la instauración de un protocolo para atender denuncias ante potenciales nuevos casos, la promoción de un sistema de recompensas en el que se fija un monto de 200 mil dólares a quien proporcione información valedera para dar con el paradero de las víctimas, etc.

 

 

De su parte, la Defensoría del Pueblo mantuvo reuniones semanales con  familiares de los desaparecidos entre julio y diciembre del 2013, se realizó el taller nacional de desaparición forzada, la producción de documentales referidos al problema, entre otras acciones. Además, los familiares y amigos desarrollaron el “Encuentro Nacional de Desaparición Involuntaria en el Ecuador” y el” Foro Internacional sobre Desapariciones Involuntarias en el Ecuador y la Región Latinoamericana”, en octubre y diciembre del 2013, respectivamente. Lamentablemente, pese a estos esfuerzos, las estadísticas muestran una lacerante realidad: La mayoría de casos existentes no se resuelven durante años y cada día se suman nuevas desapariciones en el Ecuador.

 

 ¿Quiénes son los desparecidos?

Respecto del perfil y las motivaciones de las personas que desaparecen, nuevamente se hace evidente la falta de información confiable, los datos que proporcionan tanto la FGE como la Defensoría del Pueblo , hablan de  un 42 % de víctimas de género masculino y un 58 % femenino. Tampoco existen datos exactos que hagan referencia a la situación socioeconómica de las personas  desaparecidas, sin embargo, desde estas entidades se afirma que la gran mayoría provienen de estratos económicos medios y bajos.

 

La Defensoría del Pueblo añade que al preguntar a los familiares sobre el perfil de sus seres queridos las respuestas son variadas: "era una madre responsable", "comenzó a salir desde que se divorció", "salía con sus amigos pero nunca tenía problemas con nadie", "le interesaban los temas sociales", "era un poco rebelde", etc.  Entre los principales motivos por los que se producen desapariciones en el país, constan: Problemas familiares (57,86 %); problemas sociales como pandillas, grupos juveniles, consumo de drogas, alcohol (29,49 %); factores psicológicos, discapacidades o enfermedades (5,65 %); factores económicos (2,72 %); cuestiones académicas (1,92 %). Del total de casos resueltos sólo el 5 % se vinculan con algún delito y el 65 % se concentran en 4 tipos penales, así: 48 % robo con fuerza, 6 % lesiones, 6 % homicidios, 5 % violaciones.

 

Conforme a la información proporcionada por los organismos competentes, del total de los casos reportados en el 2014, el 43 % se suscitaron en Quito, seguido de un 16 % de eventos en Guayaquil un 5 % de reportes en la provincia de Los Ríos. En promedio los días que desaparecen las personas son: lunes (37,06 %), martes (29,31 %), miércoles (13,79 %), jueves (12,6 %), viernes (6,89 %), sábado (0,86 %) y domingo (0,86 %). Del total de desaparecidos, el 2 % corresponde a personas de entre 0 y 5 años, un 2 % entre 6 y 10 años, el 19 % entre 11 y 15 años y, el 34 % representa a personas de 26 años en adelante.

 

 

Con los datos, se desmitifican temas como la supuesta supremacía de víctimas menores de edad (el 63 % de los casos involucra a mayores de 18 años), la presunta actitud moral inadecuada de las víctimas ligada a malos hábitos, vicios y la dispersión social (alrededor del 79 % de los casos se presentan entre lunes y miércoles, días en los que, por lo general no existen eventos, ni concentraciones masivas o ingesta de drogas legales o ilegales);  y, el improbado alto nivel de cometimiento de estos delitos en la costa en relación a la sierra (del total de casos registrados en el 2014, se produjeron 2916 en provincias de la sierra mientras que 1339 ocurrieron en provincias de la costa).

 

¿Quién responde por los desaparecidos?

El Estado ecuatoriano es firmante de varios tratados y acuerdos internacionales referentes al tema, entre los que constan la “Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de todas las personas contra las Desapariciones forzadas” (1992), la “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada” (1994), el” Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” (1998); y la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra Desapariciones Forzadas” (2006) . Además, tanto el Sistema Universal como el Sistema Interamericano han dictado resoluciones, convenios, sentencias e informes relacionados al cumplimiento de derechos como la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.

 

Amnistía Internacional, en referencia a la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas , expresa lo siguiente: "...contiene la obligación expresa de incluir como sujeto activo del delito no solo a los agentes del Estado, sino también a las personas o grupos de personas que actúan sin la autorización, el apoyo la aquiescencia del Estado. Los Estados tienen la obligación de tipificar como delito en su legislación nacional la conducta prohibida (…) cuando la cometen tales personas...” .

 

Según organismos especializados en el tema, es necesario diferenciar los casos entre sí, existiendo desapariciones voluntarias; desapariciones por accidentes, desastres o conflictos; desapariciones por crímenes comunes y desapariciones forzadas . Aunque el factor común entre todos los casos es la ausencia de las personas respecto de su medio social habitual, existen particularidades como las condiciones en las que se produce las desapariciones, la intencionalidad inicial tanto de la víctima como del victimario y el grado de responsabilidad estatal en cada uno de los sucesos. La desaparición forzada debe considerarse delito de lesa humanidad cuando los sucesos se producen de manera sistematizada o generalizada.

 

Sin embargo, la legislación ecuatoriana solo contempla la figura de desaparición forzada, respecto del cual se plantea “...La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de la libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años." A lo que se añade el carácter de imprescriptibilidad y la prohibición de que finalicen las investigaciones mientras no se halle a la víctima o los suficientes indicios para realizar una acusación por otro delito vinculado al hecho . Las figuras de desaparición forzada y desaparición involuntaria difieren entre sí, por lo tanto, en la actualidad se deja de lado casos en los cuales el victimario no representa ni obra a nombre del Estado. Hoy en día, se requiere que la persona aparezca viva o fallecida o que, a su vez, surjan elementos materiales suficientes para encuadrar el suceso dentro de algún tipo penal existente . Es decir que la desaparición voluntaria se considera como una posible actuación administrativa dentro de la investigación de otro delito y no como un delito penal en sí.

 

Por otra parte, todos los tratados y acuerdos internacionales coinciden en la necesidad de que los Estados garanticen de manera irrestricta el derecho a la verdad, la justica y medidas efectivas de reparación para las víctimas de casos de desaparición y sus familiares, este es, entre otros, el caso de la publicación de la CIDH sobre el derecho a la verdad en América que manifiesta: “... el derecho a la verdad acarrea la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como, dependiendo de las circunstancias de cada caso, garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones a los derechos humanos que se encuentren en instancias y archivos estatales..” .

 

En  nuestro país, el acceso a la verdad se dificulta por varios factores, entre los cuales podemos destacar: a) La falta de personal especializado tanto a nivel policial como judicial, por lo cual varias pruebas, indicios y demás elementos fundamentales se obvian o no son despachados de manera oportuna y eficaz; b) Dificultades para contactar con potenciales testigos por falta de un protocolo claramente definido, falta de especialización de los agentes encargados del caso y por el inicio tardío de las investigaciones. Pese a que, el 8 de noviembre del 2012, el Consejo Nacional de la Judicatura expidiera el Protocolo de actuación para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, perdidas o extraviadas, las dificultades persisten en torno a la calidad de las diligencias, así, por ejemplo, en el caso de David Romo se han realizado 800 diligencias, varias de ellas extemporáneas o ampliaciones de otras diligencias; o el caso de Carolina Garzón el cual, tras 500 diligencias ni siquiera cuenta con una hipótesis de lo ocurrido. Por el contrario, procesos como los de Juliana Campoverde, Isabel Cabrera, Luis Sigcho, entre otros, recién a los dos años se realizan diligencias consideradas emergentes.

 

Además, familiares de las víctimas denuncian que en varios casos los agentes policiales o judiciales solicitan dinero para movilización y realización de diligencias. O, lo que es más grave, incumplen con la normativa vigente en torno a la denominada “ruta crítica”, es decir que, en lugar de iniciar inmediatamente con la búsqueda a partir de la presentación de la denuncia, esperan 48 o hasta 72 horas, sumado a opiniones como: “tranquila señora, debe haberse ido con el novio”, “feliz ha de estar”, “; él celebrando y usted preocupado”; procedimiento y actitud del personal que contribuyen a perder elementos valiosos en las horas más críticas tras la desaparición . Realidad que tiende a aumentar si consideramos que persisten problemas de coordinación interinstitucional, que la única Unidad Especializada para estos casos se encuentra en Quito, que no existe un banco de ADN, ni un adecuado protocolo de tratamiento de los restos humanos en las morgues ; etc.

 

“No son cifras, tienen nombres”

El miércoles siete de septiembre, aproximadamente a las 16:00, decenas de familiares de personas desaparecidas se dieron cita en el sector de San Blas con el fin de dirigirse, en marcha, hacia la Plaza Grande, así lo han hecho, semana a semana, durante más de un año. Las pancartas, afiches, fotografías, telones, tambores, silbatos y demás elemento alegóricos contrastaban con los rostros de los marchantes, visiblemente afectados por una pena que –en gran parte de los casos- no es nueva. Los acompaña la danza “Buthó” y otros artistas populares solidarios con su causa. La marcha avanzó mientras el despliegue escénico llamó la atención de los espectadores. Al fondo, en la esquina de la calle “Chile”, se observó un inmenso cordón policial en el que participaron –incluso- agentes antimotines, las antorchas encendidas y la gente agitando consignas y respirando hondo.

 

 

Los familiares de las víctimas, reclaman la atención a sus peticiones plasmadas en grandes informes, reportes y documentos oficiales. Afirman que durante meses pidieron ser escuchados, pero, además de lo ya referido, el Gobierno se niega a ir más allá, disimulando la existencia de desapariciones involuntarias en el Ecuador con campañas televisivas y pomposos anuncios sobre la supuesta eficacia de los agentes encargados de la resolución de este tipo de delitos. Entre el 2010 y el 2013, se efectuó un estudio sobre la situación socioeconómica de los familiares de las familias de los desaparecidos en las ciudades de Quito, Ibarra, Guayaquil, Milagro y Cuenca . Los resultados demuestran que la situación económica de los hogares en cuyo seno existe un desaparecido muestra un continuo descenso. En la gran mayoría de los casos, la existencia de dos cónyuges o cabeza de hogar permite que uno de ellos participe permanentemente en las labores de búsqueda (75 %) en cuyos casos las diligencias se cumplen con normalidad. Lamentablemente, el otro 20 % solo cuenta con un cabeza de hogar y, por la situación económica, sienten que los casos no avanzan.

 

A temas como la desidia de ciertas autoridades, la distancia entre el domicilio y las instancias encargadas de investigar y juzgar los casos, se suma el factor económico puesto que la falta de recursos económicos impide que muchas diligencias se soliciten o se hagan efectivas. Por ello, entre los familiares encuestados pesa la idea de que “la justicia es para el que tiene plata”. Ciertamente, este hecho limita el derecho al acceso a la información como medida de reparación, independientemente de las acciones legales que se ejecuten. Lo mencionado contribuye al deterioro emocional de los familiares de las víctimas, aumentando la incertidumbre, depresión, ansiedad y otros problemas derivados de su realidad. De ahí que, los familiares insisten: Necesitan   información permanentemente. Según varios expertos, cuando fallece un ser querido, el luto dura entre 6 y 12 años, mientras que, cuando desaparece, el estado es permanente y tiende a volverse crónico.

 

Varios de ellos exigen conocer la verdad, hallar el cuerpo de su familiar para poder enterrarlo, muchos mantienen la esperanza de encontrarlos con vida. Sobre este aspecto, es necesario insistir que el acompañamiento y apoyo psicoemocional tampoco se cumple del todo, ni es asumido como una política pública conforme manda el derecho internacional. Si bien es cierto, tanto el Ministerio de Interior, la Fiscalía y la Dinased ofrecen este tipo de acompañamiento, no parece ser de mucha ayuda puesto que solo el 30 % de las familias acceden a estos servicios profesionales, 15 % se mantienen en programas de tratamiento o ayuda y, de este total, solo el 2 % recibe apoyo desde el sector público . Estos elementos demuestran que, pese a los esfuerzos desplegados por parte del Estado, la falta de articulación, especialización y las negligencias cometidas, inevitablemente, generan procesos de re victimización y las familias sufren un doble drama la pérdida del ser querido y el ocultamiento del hecho, se vuelve evidente, cuando el Gobierno habla de casos aislados mientras que el Diario “La Hora” informó que, en promedio, al mes desaparecen 73 personas en el Ecuador , y la Asfadec maneja la cifra de 1606 casos no resueltos hasta la fecha .

 

De vuelta a la Plaza Grande, un grupo de diez mujeres jóvenes cruzaron el cerco de tres hileras y se colocaron con telones en la calle, un nuevo piquete policial se hace presente, las motocicletas de los agentes siguen llegando y se disponen en hilera dentro de la plaza. De nada sirvió las lágrimas y los gritos, luego de amagar con diálogos, el oficial a cargo del operativo da la orden y la gente es desalojada a la fuerza, varios de ellos resultan con contusiones. Indignada, una mujer pequeña, de tez trigueña, de unos cincuenta años, sostiene su cartel y mientras se retira, increpa a los agentes del orden. “Ojalá nunca se les pierda un hijo, aquí he de volver todas las semanas hasta que me devuelvan al mío”. En las paredes y los postes, quedan varios afiches que rezan: “Mi vida por encontrarte”.

 

1. Verso de la canción “Desapariciones” de cantautor panameño Rubén Blades, 1984

2. Estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, Vicepresidente Nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador

3. Reportaje emitido en el programa “Primer Impacto”, 25 de julio del 2014

4.  Ministerio del Interior, 15 de julio del 2015

5.  Min. Interior, 20 agosto del 2015

6.  http://asfadec.blogspot.com/

7.  http://asfadec.blogspot.com/

8.  Informe Temático sobre las personas desaparecidas en el Ecuador: Análisis de respuestas estatales, estadísticas, acceso a la justicia y contexto sociocultural de la problemática 2013-2014. Defensoría del pueblo

9.  Informe Temático sobre las personas desaparecidas en el Ecuador

10.  https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada

11.  La Convención Internacional contra las desapariciones forzadas CIDF (1994) fue ratificada por el Ecuador en 2006

12.  Informe sobre la situación de personas desaparecidas y sus familias en el Ecuador. INREDH, ASFADEC. Quito. 8 de septiembre del 2015

13.  Informe Temático sobre las personas desaparecidas en el Ecuador: Análisis de respuestas estatales, estadísticas, acceso a la justicia y contexto sociocultural de la problemática 2013-2014. Defensoría del pueblo

14.  Código Orgánico Integral Penal, Art. 84, 487 y 535

15.  Informe sobre la situación de personas desaparecidas y sus familias en el Ecuador

16.  http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Dereho-Verdad-es.pdf

17.   Fiscalía General del Estado reporta: en 2013, 5 funcionarios fueron removidos de sus cargos por actuar con negligencia ante casos de desaparición involuntaria

18.  http://asfadec.blogspot.com/

19.  Informe Temático sobre las personas desaparecidas en el Ecuador: Análisis de respuestas estatales, estadísticas, acceso a la justicia y contexto sociocultural de la problemática 2013-2014.

20.  http://asfadec.blogspot.com/

21.  Diario “La Hora”, Quito, 2 de abril del 2013. Edición escrita

22.  http://asfadec.blogspot.com/

 

 

 

 

Calcular Page Rank

Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

Revista Rupturas © 2015 Derechos reservados