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Por: Nelson Erazo

Fotografía: Vladimir Cruz

9 años del correísmo y precarización laboral

 

Para analizar el significado del gobierno de la revolución ciudadana en materia de derechos de los trabajadores, es necesario remontar en el tiempo y recordar lo que ocurría con el movimiento obrero, sus luchas y acciones frente a los gobiernos neoliberales, quienes impulsaron con fuerza la precarización laboral. En medio de ese escenario llegó al poder Rafael Correa, con el ofrecimiento de recoger las principales aspiraciones de los trabajadores, del movimiento indígena, de las organizaciones sociales y populares.

 

Luego de nueve años en el poder, somos testigos de la facilidad y solvencia con la que el presidente se desenvuelve en el tablado de las sabatinas y frente a los micrófonos, para plantear su “postura” frente a las relaciones del trabajo. No cabe duda que la demagogia y la elocuencia confunden a segmentos importantes de la sociedad, pues la retórica presidencial dice representar los intereses de los pobres, ser el “gobierno de los trabajadores”, que para la revolución ciudadana el “ser humano está por encima del capital” y, por tanto, su lucha es contra los abusos de la patronal. Pero, en la realidad, tenemos un entramado que violenta, restringe y anula derechos y reivindicaciones, sirve para desarrollar y afirmar el sistema y sus mecanismos de disciplinamiento, sujeción y dominación.

 

Yo te ofrezco, busca quien te dé

 

En el año 2006, los trabajadores petroleros tercerizados iniciaron una huelga que propinó un duro golpe al gobierno de Alfredo Palacio. La principal bandera de lucha fue contra la tercerización, pues esta provocaba la evasión indiscriminada de los derechos laborales: salarios ínfimos, abusos patronales, despidos intempestivos, instrumentos para someter a la clase obrera. Los trabajadores empleaban medidas como las huelgas en las fábricas, las tomas de las instituciones y las movilizaciones para evitar la venta de los recursos naturales y enfrentar a la derecha y sus gobiernos.

 

Por aquellos días, el entonces candidato Rafael Correa recogió en su discurso la necesidad de cambio de las mayorías y ofreció en su campaña tratar el derecho al trabajo como un derecho humano, garantizar la estabilidad laboral, mejorar el salario para cubrir la canasta familiar, eliminar la tercerización, respetar la contratación colectiva y promover la organización sindical, entre otros puntos, que significaban conceder más derechos a quienes generan la riqueza, la clase obrera.

 

En los primeros años del período correista, Ecuador registró avances importantes en materia laboral, entre ellos la eliminación de la tercerización y la precarización laboral a través del Mandato Constituyente 08, ratificadas luego en la Constitución de la República. Los anhelos de mejora de sueldos, pago obligatorio de utilidades, afiliación al IESS, incentivos jubilares, entre otros, fueron la bandera que movilizó a los sectores sociales a la Asamblea Constituyente de Montecristi.

 

Estos importantes logros para los trabajadores pronto serían echados abajo. La disputa al interior del gobierno de Alianza País entre los sectores de izquierda y la derecha fue favorable para los grupos de poder. Empezó un proceso de derechización del régimen, que adoptó medidas anti obreras y pro patronales. El autoritarismo y la prepotencia propios de los caudillos y la burguesía se pusieron de manifiesto con el ataque al magisterio ecuatoriano, en particular hacia la Unión Nacional de Educadores UNE, pues con el pretexto de evaluar a los docentes, buscó someter y desmovilizar al gremio. De inmediato, con el discurso de eliminar los excesos y privilegios de los trabajadores del sector público, entre ellos los petroleros, eléctricos, salubristas, cementeros, seguridad social, municipales, consejos provinciales, obras públicas, entre otros, el bloque oficialista de la Asamblea eliminó las conquistas de la contratación colectiva en el Mandato 08.

 

 

Más tarde, vía acuerdos ministeriales, la persecución a los trabajadores se amplió a nuevos sectores: revisión unilateral de los contratos colectivos del sector público, la eliminación de conquistas de los contratos colectivos, entre ellos el subsidio familiar, transporte, subsidio de antigüedad, guarderías, permisos sindicales, recursos para capacitación, entre otros, con base a los decreto 1701 y 225.

 

La política salarial del correismo

 

En materia salarial para el sector privado, el gobierno emplea los mismos instrumentos de la derecha tradicional como el Consejo Nacional de Salarios CONADES, creado y defendido por los empresarios, que promueve acuerdos entre estos y el gobierno para impedir el alza general de sueldos y salarios.

 

Con los trabajadores públicos esta realidad se repite. Por un lado, no se benefician de las resoluciones del CONADES y, por el otro, las tablas salariales emitidas por el Ministerio de Trabajo anulan la negociación de los incrementos económicos vía contratación colectiva. Estas resoluciones plantean techos salariales, que se cumplen siempre que exista el presupuesto en las instituciones públicas o si los sueldos fueran aprobados con anterioridad en los presupuestos, como en el caso de los municipios y consejos provinciales. Esta modalidad establecida en el COOTAD logró que los trabajadores organizados en los sindicatos y comités de empresa tengan sus salarios congelados durante los últimos 5 años.

 

En materia económica, la situación de la clase obrera contrasta con el discurso gobiernista de la anunciada redistribución de la riqueza. Solo hasta el año 2014, los empresarios ganaron 11 mil millones de dólares y los banqueros 3 mil millones de dólares, mientras que el 65% de trabajadores del sector privado ganan el salario básico, es decir 366 dólares, con lo que alcanza a cubrir solamente el 55% del costo de la canasta familiar, de acuerdo a los pronunciamientos oficiales. Con la reducción de la jornada laboral y consecuentemente la reducción del salario, la situación es más compleja: los trabajadores ganarían 274 dólares, lo que alcanzaría a cubrir únicamente el 45% de la CBF.

 

La estabilidad laboral, otro derecho afectado por el correismo

 

En la última etapa, la principal política de gobierno ha sido elaborar leyes que permitan desvincular de manera “legal” a los trabajadores de sus puestos de trabajo. Ejemplo de ello es el Decreto Ejecutivo 813, que establece la compra de Renuncia Voluntaria Obligatoria, el mismo que de manera inhumana y abusiva posibilitó el despido intempestivo de alrededor de 60 mil trabajadores del sector público, entre ellos los trabajadores de salud, petróleos, etc., (principalmente a quienes no se sometieron a los caprichos de Alianza País).

 

Otro ejemplo es la Ley de Justicia Laboral, aprobada de manera inconstitucional en abril de 2015, que violenta la estabilidad laboral al permitir los contratos indefinidos de trabajo y elimina automáticamente los contratos a plazo fijo, vigentes hasta diciembre de 2015. El efecto inmediato fue el despido de miles de trabajadores, que desde enero de 2015 hasta la fecha suman más de 180 mil desempleados. Solo en el primer trimestre de este año, 91 650 trabajadores pasaron a formar parte de las filas de los desempleados.

 

Esta mentada ley argumentó que las mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia no podían ser despedidas y los dirigentes sindicales tendrían garantizada su estabilidad durante el periodo para el cual fueron elegidos, evitando así el abuso de la patronal. Sin embargo, el mismo gobierno avaló los despidos de las trabajadoras embarazadas en una florícola de Cayambe, la separación de los dirigentes y trabajadores de Petroamazonas, empleados eléctricos y de la salud, con la finalidad de cumplir los acuerdos que exigía la ley de alianza público – privada con los empresarios.

 

La revolución ciudadana continúa con sus acciones en contra de los trabajadores. Su largo historial antiobrero se plasma también en la Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil, la reducción de la jornada laboral y el Seguro de Desempleo, que atentan una vez más contra la Constitución y los derechos laborales. El anuncio de la promoción del empleo juvenil busca mano de obra joven gratuita al eliminar las pasantías pagadas. La reducción de la jornada de trabajo en un 25% viene de la mano con la reducción del salario en el mismo porcentaje, situación descrita anteriormente y que agrava la situación económica del trabajador y su familia.

 

 

Debido al acuerdo con el FMI, el Estado eliminó el 40% del aporte al IESS para las pensiones jubilares, redujo el monto de las utilidades de los trabajadores, se apropió de los fondos de cesantía de los trabajadores y maestros, y se propuso eliminar los décimos a través de su pago mensual. Afortunadamente, el 85% de los trabajadores ha optado por recibir el pago de sus décimos como lo hacía anteriormente.

 

En el caso del seguro de desempleo, el Estado se apropió de manera ilegal del 33.33% de la cesantía individual de los afiliados al seguro social, pues se utiliza el mismo dinero de los afiliados para cubrir a los cesantes. Pese a ello, el seguro no cubre a los más de 4,7 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo fijo o a los más de 450 mil trabajadores que se encuentran desempleados, pues solo acceden quienes fueron despedidos desde enero del 2016 en adelante.

 

Correa insiste en apropiarse de la organización sindical, limitar la contratación colectiva y desmovilizar a la clase obrera

 

El movimiento obrero no respalda el proyecto político actual y rechaza el autoritarismo y la prepotencia. Por esta razón, el correismo ha intentado de diversas formas controlar los sindicatos, a través de la cooptación a dirigentes, chantajes y coimas, pero sin los resultados esperados. Fracasó el decreto 16, instrumento que buscaba limitar el funcionamiento de las organizaciones sindicales y sociales. Ahora, a través de la Ley de Justicia Laboral, busca apropiarse de la organización sindical, estableciendo que las elecciones de los sindicatos deben ser realizadas con todos los trabajadores de la empresa, sean o no sindicalizados, lo cual posibilitaría a la patronal formar una lista de candidaturas a su servicio y obligar a votar a sus empleados bajo presión. Esto ya ha ocurrido con los trabajadores petroleros, eléctricos, salubristas, entre otros, pero la organización sindical continúa enfrentando esta situación.

 

Con la aprobación de las Enmiendas Constitucionales, el gobierno buscaba eliminar los derechos de los trabajadores del sector público, por ejemplo la contratación colectiva. Al trasladar a los trabajadores a la LOSEP, se pretendía terminar con la organización sindical en el sector público. Sin embargo, la lucha de las Centrales Sindicales, el Colectivo Unitario Nacional de Dirección, el Frente Popular y las organizaciones sociales y populares derrotaron estas pretensiones.

 

Los trabajadores y pueblos resisten el retorno a las políticas neoliberales y continúan luchando por un cambio

 

Fruto de las políticas económicas de Rafael Correa, los despidos incrementan a diario en el país. El incremento en los impuestos a las bebidas azucaradas, el cigarrillo y las cervezas, la ampliación del plazo de vigencia de las salvaguardas, el incremento del IVA del 12 al 14%, provoca que los empresarios anuncien la reducción del número de trabajadores en las empresas, subir los precios de los artículos y el cierre de fábricas. Como de costumbre, la crisis económica se vuelve a descargar en las espaldas de los trabajadores y sus familias, quienes serán los principales afectados por las medidas.

 

El gobierno pretende arrebatar los derechos ganados con la lucha de los trabajadores y establecidos en la Constitución de la República. La tercerización laboral por la externalización de servicios, las nuevas formas de contratación de personal para las instituciones estatales, públicas y privadas, la prestación de servicios profesionales, los nombramientos provisionales, los contratos a prueba y suplementarios, entre otras formas de precarización laboral, permiten aseverar que la burguesía avanzó más en la eliminación de derechos en este gobierno que en las dictaduras.

 

 

Pese a todo, la clase obrera no baja los brazos en la defensa de sus derechos, resiste y combate las políticas anti obreras de Correa a través de múltiples acciones: mítines, plantones, debates en las asambleas, convenciones provinciales y nacionales, todos estos mecanismos válidos para avanzar en la unidad de acción y lucha con el resto de sectores. Además, demuestra su protagonismo en la construcción del Colectivo Unitario Nacional de Dirección CUND, del que son parte las centrales sindicales del FUT, la CONAIE, la ECUARUNARI, el Frente Popular, la UNE, la Federación Médica, la FEUNASSC, la FETSMYP, la FENACOPRE, los jubilados, la FESE, la FEUE, las organizaciones barriales, etc. Mientras se construye esta plataforma de lucha, se recogen las aspiraciones de los sectores populares. Como acción importante, se consolidó el paro del pueblo como un paso en la lucha del proletariado, en busca de resolver la crisis a su favor, pasando de la lucha reivindicativa a la lucha económica y ahora a la lucha política.

 

Un nuevo escenario de esta lucha obrera y sus aliados estratégicos será la convención nacional que se realizará en el mes de julio, escenario que posibilitará desarrollar nuevas acciones unitarias entre los sectores sociales para combatir a la derecha de Carondelet y la derecha tradicional.

 

El socialismo, su vigencia como norte de la lucha actual de los trabajadores

 

Más allá de la lucha por los derechos laborales y las reivindicaciones sectoriales, los trabajadores y pueblos aspiramos una transformación social, que no está en la democratización del capitalismo, sino en la destrucción de las relaciones inequitativas y de explotación, para avanzar hacia el socialismo como perspectiva real de una sociedad superior al capitalismo.

 

La clase obrera juega un papel trascendental en el escenario actual, en donde las diferentes fuerzas políticas disputan el poder en el nuevo proceso electoral. Por ello, tiene mayor validez la resolución de la convención de los trabajadores, organizaciones sociales y populares realizada en el mes de febrero del 2016, que estableció la edificación de un gran frente político para la lucha electoral, que cuente con la participación de los trabajadores, indígenas, maestros, juventud y los sectores populares que son protagonistas principales en la lucha contra la nueva derecha de Correa y la derecha neoliberal.

 

Este frente político debe contar con la participación de los partidos y movimientos políticos de izquierda y centro, así como deben tener cabida las personalidades democráticas, progresistas y de izquierda. Es el momento de la gran unidad de todos los sectores que luchamos por el cambio, para enfrentar a Correa y cerrar filas ante la derecha tradicional. Así, impediremos el retorno hacia la noche neoliberal y avanzaremos hacia una sociedad nueva de equidad, de justicia, de derechos para los pueblos, nacionalidades, trabajadores, que sea incluyente y de plena soberanía.

 

 

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

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